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- eISBN: 9789587845273 (PDF)
- DOI: https://doi.org/10.12804/cp9789587845273
Ley 1407 de 2010 (agosto 17)
Editado por:
- Categoría: Derecho Penal , Derecho ,
- Año de edición: 2020
Palabras clave:
En materia de justicia penal militar, la legislación colombiana puedecaracterizarse por una marcada inestabilidad, en la que permanentementese están generando cambios normativos; por la inexistencia de una teoríapropia del derecho penal o procesal penal militar, pues siempre la hacendepender —particularmente en los últimos estatutos— del derecho penalordinario, y por estar en espacios con una importante tensión, como lodemuestran los debates sobre la posibilidad de que autoridades militaresjuzguen a civiles y los debates sobre el fuero penal militar.El derecho penal militar en Colombia tiene su primer antecedenteen el Decreto Real del 9 de febrero de 1793, proferido por Carlos III,que señala que “Los jueces y tribunales que hayan incurrido en competencias enviarán los expedientes a la jurisdicción militar en tal forma quesus tribunales pueden proceder de conformidad con la ordenanza en casode infracciones militares….”. Esta disposición fue incorporada a nuestralegislación a través de las Leyes de Indias.En la Constitución de 1812 se instaura el Tribunal Supremo deGuerra. El artículo 174 de la Constitución de 1821 dispone que ningúncolombiano, con excepción de quienes estuvieren empleados en la marinao en las milicias que se hallaren en servicio, deberá sujetarse ni sufrir loscastigos establecidos en las leyes militares. Mediante el Decreto del 12 deoctubre de 1821 se implantó una disciplina para los miembros del ejército.El Decreto del 23 de septiembre de 1822 estableció el modo de procederen las causas ilícitas de la milicia activa. La Ley del 2 de junio de 1824dispuso la manera en que se conformaban los consejos de guerra, competentes para juzgar a los militares procesados. El Decreto del 13 de abril de1829 estableció la Alta Corte Militar de la República, y el Decreto del 11de mayo de 1829 estableció que los auditores de guerra deberían revisarlos procesos penales militares.
In terms of military criminal justice, Colombian legislation can be characterized by a marked instability, in which normative changes are constantly being generated; by the lack of a specific theory of military criminal law or procedural law, since they always make it depend – particularly in recent statutes – on ordinary criminal law, and by being in spaces with significant tension, as evidenced by the debates on the possibility of military authorities judging civilians and debates on military criminal jurisdiction.
Military criminal law in Colombia has its first precedent in the Royal Decree of February 9, 1793, issued by Carlos III, which states that 'Judges and courts that have incurred in competences will send the files to military jurisdiction in such a way that their courts can proceed in accordance with the ordinance in case of military infractions...'. This provision was incorporated into our legislation through the Laws of the Indies.
In the 1812 Constitution, the Supreme War Tribunal was established. Article 174 of the 1821 Constitution states that no Colombian, except those employed in the navy or in the militias in service, should be subject to or suffer the punishments established in military laws. Through the Decree of October 12, 1821, discipline was established for army members.
The Decree of September 23, 1822 established the procedure for illicit cases of active military. The Law of June 2, 1824 provided for the composition of competent war councils to judge prosecuted military personnel. The Decree of April 13, 1829 established the High Military Court of the Republic, and the Decree of May 11, 1829 established that war auditors should review military criminal proceedings.
INFORMACIÓN DE FORMATO(S) / VERSIÓN(ES)
| Acceso Abierto | |
|---|---|
| Año de Edición (PDF) | 2020 |
| Sello o marca comercial | Editorial Universidad del Rosario |
| Número absoluto de páginas (PDF) | 200 Páginas |
| eISBN (PDF) | 9789587845273 |
Tabla de contenido
TITULO I. NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL MILITAR
TÍTULO II. CAPITULO ÚNICO De la conducta punible
TÍTULO III. DE LA PUNIBILIDAD
TÍTULO IV. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE
LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS
TITULO I DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA
TÍTULO II DELITOS CONTRA EL SERVICIO
TÍTULO III DELITOS CONTRA LOS INTERESES DE LA FUERZA PÚBLICA
TÍTULO IV DELITOS CONTRA EL HONOR
TITULO V DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA
TÍTULO VI DELITOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
TÍTULO VII DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TÍTULO VIII OTROS DELITOS
TÍTULO IX DELITOS COMUNES
LIBRO TERCERO PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR
TÍTULO I NORMAS RECTORAS Y GARANTÍAS PROCESALES
TÍTULO II JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
TÍTULO III ACCIÓN PENAL
TÍTULO IV MINISTERIO PÚBLICO
TÍTULO V PARTES E INTERVINIENTES
TITULO VI DEBERES Y PODERES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL
TÍTULO VII LA ACTUACIÓN
TÍTULO VIII TÉCNICAS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO
TÍTULO IX MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN
TITULO X FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN
TITULO XI RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN
TÍTULO XII DE LA PRECLUSIÓN
TÍTULO XIII EL JUICIO
TÍTULO XIV PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA PENAL MILITAR Y EL ACUSADO
TÍTULO XV AUDIENCIA PREPARATORIA A LA CORTE MARCIAL
TÍTULO XVI JUICIO CORTE MARCIAL
TÍTULO XVII INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES
TÍTULO XVIII EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
TÍTULO XIX RÉGIMEN DE IMPLEMENTACIÓN
Clasificación temática
| THEMA |
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| LNF > Derecho y procedimiento penal |
| L > Derecho |
| BISAC |
|---|
| LAW026000 > LEY > Derecho penal > General |
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