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Poder Público - Rama Legislativa
Ley 906 de 2004 (agosto 31)
Autor:
- Categoría: Derecho Penal ,
- Año de edición: 2020
Palabras clave:
A lo largo de la historia, las constituciones políticas de Colombia han sidogenerosas a la hora de establecer derechos y libertades dentro del procesopenal. Igualmente, han delimitado lo que consideramos los dos grandesmodelos de enjuiciamiento criminal, como son el inquisitivo (presentehasta 2004) y el de tendencia acusatoria. En cualquier caso, en las diferentes codificaciones aparecen elementos de uno y otro modelo, sin que seadmita de manera irrestricta alguno de los sistemas procesales.En la Constitución Política de Colombia de 1821 —suscrita el 30 deagosto de este año— se incorpora (art. 158) la presunción de inocencia,estableciendo la excepcionalidad de la detención preventiva, señalando queen este evento “no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensablepara asegurarse de su persona”. Se establece que todo delincuentesorprendido en flagrancia puede ser arrestado y todos los ciudadanospueden arrestarlo y conducirlo ante el juez para que proceda a apresarlo.Se dispone que para que un ciudadano pueda estar preso se requiere una orden de arresto firmada por una autoridad competente, en la que seexpresen los motivos para la prisión, y que esta sea conocida por el ciudadano. Señala que el alcalde o carcelero no puede admitir ni deteneren prisión al ciudadano, sino después de haber recibido la orden de prisióno arresto, y que no podrá prohibir al preso la comunicación, salvoque la orden disponga lo contrario, caso en el que no podrá estar incomunicado durante más de tres días. Esta Constitución sancionaba comodetención arbitraria +a quienes sin poder legal arrestan o mandanarrestar a otro, los que abusan del poder de arrestar o los alcaldes o carceleros que contravengan lo establecido.
Throughout history, Colombia's political constitutions have been generous in establishing rights and freedoms within the criminal justice process. Likewise, they have delineated what we consider the two main models of criminal prosecution: the inquisitorial (present until 2004) and the accusatory trend. In any case, elements of both models appear in the various codifications, without any procedural system being unconditionally accepted.
In the Political Constitution of Colombia of 1821 — signed on August 30 of that year — the presumption of innocence is incorporated (art. 158), establishing the exceptionality of preventive detention, stating that in this event "no rigor should be employed other than what is indispensable to ensure the person's presence." It is established that any criminal caught in flagrante delicto may be arrested, and all citizens may arrest and bring them before the judge for detention.
It is stipulated that for a citizen to be imprisoned, a warrant signed by a competent authority is required, stating the reasons for the imprisonment, and that the citizen is made aware of it. It states that the mayor or jailer cannot admit or detain the citizen in prison unless they have received the arrest or detention order, and they may not prohibit the prisoner from communication, unless the order states otherwise, in which case the prisoner cannot be held incommunicado for more than three days.
This Constitution punished as arbitrary detention those who arrest or order the arrest of others without legal authority, those who abuse the power to arrest, or mayors or jailers who contravene the established provisions.
Acceso Abierto | |
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Año de Edición (PDF) | 2020 |
Sello o marca comercial | Editorial Universidad del Rosario |
Número absoluto de páginas (PDF) | 152 Páginas |
eISBN (PDF) | 9789587845198 |
TÍTULO PRELIMINAR PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES
TÍTULO II ACCIÓN PENAL
TÍTULO III MINISTERIO PÚBLICO
TÍTULO V DEBERES Y PODERES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL
TÍTULO VI LA ACTUACIÓN
THEMA |
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LNF > Derecho y procedimiento penal |
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LAW026000 > LEY > Derecho penal > General |
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