Ley 599 de 2000 (julio 24)

La expedición de una nueva carta política en la que se crearon instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, así como la profusión de normas penales a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, sumado al relativo consenso sobre la teoría de la imputación objetiva, acogida en nuestro país a partir de 1995, generaron el consenso sobre la necesidad de actualizar y compilar la legislación penal vigente. Para el año 1998 se presentan tres proyectos de Ley al Congreso de la República, todos elaborados por la Fiscalía General de la Nación, que tenían una pretensión sin precedentes en la historia del derecho penal en Colombia: la expedición de unos Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario que fueran sistemáticos entre sí y se ajustaran tanto a la Constitución como al denominado Bloque de Constitucionalidad. Lamentablemente, esta empresa tan importante no se logró materializar en tanto que solamente se convirtieron en leyes el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) expedidas ambas el 24 de julio de 2000, y que entraron a regir desde el 25 de julio de 2001, dando, al igual que en los estatutos anteriores, un espacio para su entendimiento e implementación. Lo que iba a ser un ejercicio de compilación y actualización de las normas existentes terminó siendo un nuevo estatuto. El Nuevo Código Penal —como aún se le conoce— mantiene las normas rectoras (1-12) que priman sobre las restantes disposiciones del estatuto (13) y entre sus influencias más importantes encontramos el Código Penal Español de 1995, el Código Penal Alemán de 1975, y el Estatuto Penal Colombiano de 1980.