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- eISBN: 9789587843866 (PDF)
- DOI: https://doi.org/10.12804/cp9789587843866
Ley 599 de 2000 (julio 24)
Por el cual se expide el Código Penal
Título en inglés: Law 599 of 2000 (July 24)
Subtítulo en inglés: By which the Penal Code is enacted
Editado por:
- Categoría: Derecho en General ,
- Año de edición: 2019
Palabras clave:
La expedición de una nueva carta política en la que se crearon instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, así como la profusión de normas penales a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, sumado al relativo consenso sobre la teoría de la imputación objetiva, acogida en nuestro país a partir de 1995, generaron el consenso sobre la necesidad de actualizar y compilar la legislación penal vigente. Para el año 1998 se presentan tres proyectos de Ley al Congreso de la República, todos elaborados por la Fiscalía General de la Nación, que tenían una pretensión sin precedentes en la historia del derecho penal en Colombia: la expedición de unos Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario que fueran sistemáticos entre sí y se ajustaran tanto a la Constitución como al denominado Bloque de Constitucionalidad. Lamentablemente, esta empresa tan importante no se logró materializar en tanto que solamente se convirtieron en leyes el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) expedidas ambas el 24 de julio de 2000, y que entraron a regir desde el 25 de julio de 2001, dando, al igual que en los estatutos anteriores, un espacio para su entendimiento e implementación. Lo que iba a ser un ejercicio de compilación y actualización de las normas existentes terminó siendo un nuevo estatuto. El Nuevo Código Penal —como aún se le conoce— mantiene las normas rectoras (1-12) que priman sobre las restantes disposiciones del estatuto (13) y entre sus influencias más importantes encontramos el Código Penal Español de 1995, el Código Penal Alemán de 1975, y el Estatuto Penal Colombiano de 1980.
The expedition of a new political charter in which institutions such as the General Attorney's Office and the Constitutional Court were created, as well as the profusion of criminal norms from the second half of the eighties, added to the relative consensus on the theory of objective imputation, adopted in our country from 1995, generated consensus on the need to update and compile the current criminal legislation. By the year 1998, three bills were presented to the Congress of the Republic, all drafted by the General Attorney's Office, which had an unprecedented intention in the history of criminal law in Colombia: the issuance of penal codes, criminal procedure, and penitentiary and prison regulations that were systematic among themselves and complied with both the Constitution and the so-called Constitutional Block. Unfortunately, this important endeavor was not materialized as only the Penal Code (Law 599 of 2000) and the Criminal Procedure Code (Law 600 of 2000) became laws, both issued on July 24, 2000, and came into force on July 25, 2001, providing, as in the previous statutes, a space for their understanding and implementation. What was supposed to be an exercise in compilation and updating of existing rules ended up being a new statute. The New Penal Code—as it is still known—retains the guiding rules (1-12) that prevail over the remaining provisions of the statute (13), and among its most important influences we find the Spanish Penal Code of 1995, the German Penal Code of 1975, and the Colombian Penal Statute of 1980.
Acceso Abierto | |
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Año de Edición (PDF) | 2019 |
Sello o marca comercial | Editorial Universidad del Rosario |
Número absoluto de páginas (PDF) | 135 Páginas |
eISBN (PDF) | 9789587843866 |
THEMA |
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