Constitución política de Colombia. Concordancias, referencias históricas, índice analítico

La Constitución del 91 nos sacó del limbo institucional en que nos encontrábamos porque el sistema político se había bloqueado. Habían fracasado dos importantes reformas constitucionales: las de los actos legislativos 2 de 1977 y 1 de 1979, que fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema, titular en ese entonces del control de constitucionalidad. Tampoco habían tenido éxito las propuestas de los gobiernos Betancur y Barco. En la década de los 80 el Congreso sólo aprobó un acto legislativo: el que ordenó la elección popular de alcaldes. La Carta del 91, además, le ha dado gobernabilidad al sistema político durante épocas tormentosas: proceso 8000, auge del narcotráfico, guerrilla, el paramilitarismo, Bacrim y disidencias de las Farc. De la Constitución del 91 puede decirse que tenía la unidad y coherencia propia del estatuto que institucionaliza contiene el llamado acuerdo sobre lo fundamental y las reglas de juego convenidas por los distintos actores de la vida pública. Estructuró y definió, en efecto, una determinada forma de gobierno y cada una de sus piezas se articulaba dentro de todo el conjunto normativo. Ninguna era pieza suelta dentro del tipo de Estado que organizó.
Esa unidad y esa coherencia, a las que de todas maneras se les podían formular reparos, han desaparecido porque el congreso ha expedido desde agosto del 93, año en que expidió el primero, más de 50 actos legislativos, de variado contenido y alcance, que introducen reformas para todos los gustos y pareceres. A esas reformas constitucionales se suma el artículo aprobado en el referendo que se votó a fines del 2003 (acto legislativo 01 de 2004). Son tantas esas reformas que bien puede decirse que las cámaras volvieron colcha de retazos la Constitución del 91. Y lo continuarán haciendo, porque cada día le agregan un retazo más.
Esta novena edición de nuestra norma de normas se acompaña de un extenso índice analítico de las diferentes instituciones que trata y regula la Constitución y de buen número de las expresiones y voces que hacen parte de la codificación vigente. Sin pretensión mayor puede decirse que ese índice es el más completo que hasta ahora se ha hecho de nuestro ordenamiento superior y, además, es bien distinto de los índices que acompañan las ediciones que ahora se hacen con frecuencia de la Constitución.